Podemos quiere evitar la imagen de que ceden en el programa a cambio de ministerios y plantea que los ayuntamientos puedan regular los alquileres de forma "temporal y excepcional"
En silencio, pero sin pausa. La negociación entre el
PSOE y
Unidas Podemos para formar Gobierno progresa desde la trastienda. Las reuniones se producen un entorno de bunkerización y máxima discreción impuesto por ambos partidos. Aun así, este periódico ha podido saber que el diálogo está ya en una segunda fase. Superada la estructura del Ejecutivo de coalición, en el que
Pablo Iglesias ocupará una vicepresidencia, ahora se negocia el programa de gobierno y las medidas a impulsar por el próximo
Consejo de Ministros, en caso de que salga adelante la investidura por esta vía, que requiere del
apoyo de los independentistas catalanes.
Pablo Iglesias está encontrando muchos problemas para introducir algunas de sus medidas estrella, como son la derogación de la reforma laboral, la creación de una empresa pública de energía o la intervención del mercado del alquiler de la vivienda. Pero el líder de Podemos está pugnando por mantener vivo el pulso y lograr impulsar alguna propuesta que pueda exhibir ante los suyos.
En los primeros compases de la negociación entre el PSOE y Unidas Podemos, ambas partes aseguraron que el principal problema sería el reparto ministerial y que, sin embargo, acordar un programa sería más ágil. La negociación se construye sobre la base del acuerdo político-económico que Sánchez e Iglesias firmaron en
Moncloa el
11 de octubre de 2018 y que debía dar lugar a unos Presupuestos Generales, que sin embargo fueron tumbados por el Congreso. Hay por tanto trabajo adelantado, pero también fricciones.
El peso político de ambos partidos (120 diputados de los socialistas y 35 de los
morados, después de ambos perdieran apoyos en
las elecciones del 10-N) hace que el PSOE lleve la batuta y que Iglesias admita que tiene que
"tragarse sapos" para lograr el pacto y "ceder en muchas cosas". Ahora bien, en muchas, pero no en todas. Si bien el aspecto económico del
nuevo Ejecutivo quedará bajo control sobre todo socialista, Iglesias pugna por imprimir un sello de Podemos en materias clave para su partido.
Una de ellas es el mercado del alquiler. Desde un primer momento, el PSOE se ha mostrado
reacio a intervenir el mercado del alquiler, como demanda la formación
morada. Ya quedó claro hace unos meses, cuando los socialistas no recogieron en un decreto impulsado por el Gobierno sobre este asunto una medida que, en cambio, sí habían firmado Sánchez e Iglesias. Podemos sabe además que la presencia de
Nadia Calviño como vicepresidenta supone un obstáculo.
La culpan a ella de que el Gobierno no quiera. El quid de la cuestión para los de Iglesias no es tanto la intervención general del mercado del alquiler, sino que los ayuntamientos puedan intervenir de manera "temporal y excepcional" en determinadas zonas en las que el mercado esté más disparado para rebajar o limitar los precios.
PROPUESTAS EN EL ALQUILER DE VIVIENDA
PSOE
Impulsaremos una oferta de vivienda de alquiler seguro y estable a precios asequibles movilizando las viviendas vacías y a los grandes "tenedores de vivienda", recuperando la función social de la vivienda, frenando las subidas abusivas de precios y apoyando en particular el acceso de los jóvenes, que recibirán ayudas al alquiler en proporción a su renta
UNIDAS PODEMOS
Intervenir el mercado del alquiler para impedir subidas abusivas mediante el control de precios y garantizar un alquiler estable y seguro para personas inquilinas y pequeñas propietarias. Para ello, estableceremos mecanismos de control y regulación de los precios del alquiler mediante la creación de índices de precios de referencia adaptados a las realidades locales, para lo que se habilitará a los Ayuntamientos con el fin de que puedan regular los precios en barrios y zonas con precios especialmente tensionados, con el objetivo de que ninguna familia pague más del 30 % de su renta en concepto de alquiler.
"La negociación programática está abierta y para nosotros es absolutamente fundamental cumplir con los artículos de la
Constitución que defienden los derechos sociales. El 47 habla del derecho a una vivienda digna y asequible; por tanto, poner límite a los fondos buitre o poner límites a una escala de precios que está haciendo que no se cumpla este artículo creo que será un objetivo del próximo Gobierno", expuso ayer Iglesias antes de asistir a la inauguración de la
Cumbre del Clima. El líder de Podemos se esfuerza por no mostrar ante los suyos una rendición programática ante el PSOE a cambio de sillones en el Consejo de Ministros.
Mientras, toda vez que no habrá derogación de la reforma laboral -sólo se eliminarán los aspectos que PSOE y Podemos consideren más lesivos, como defendían los socialistas en su programa- ni habrá empresa pública de energía para intervenir en la factura de la luz -otra propuesta emblema de Podemos-, hay un elemento al que Pablo Iglesias no quiere renunciar: el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI).
Aquí Podemos se encontrando menos dificultades, ya que Iglesias y Sánchez están en la misma sintonía: subirlo. La meta es alcanzar los 1.200 euros al mes, aunque la subida podría ser progresiva desde los 900 euros actuales. Unidas Podemos ya se colgó la medalla de la subida que decretó el Gobierno de Pedro Sánchez
hasta esta cantidad, una medida que siempre ha reivindicado como suya el partido de Iglesias.
El consenso en este punto es tal que fuentes conocedoras de la negociación aseguran que la intención sería que esta subida del salario mínimo sería una de las primeras medidas, si no la primera, que impulsaría el Gobierno de coalición. En caso de que Sánchez fuera investido este mismo mes -una opción que pierde enteros a día de hoy debido a las difíciles negociaciones con ERC-, el propósito sería que se llevase a cabo a comienzos de 2020.
